Periodistas asesinados. La ONU y la libertad de expresión

INTRODUCCIÓN

“Efraín Varela sabía que iban a matarle. Sabía incluso qué alternativas se plantearían sus verdugos. Si me matan en la ciudad, lo harán a balazos –comentó a sus compañeros periodistas dos semanas antes de su muerte– Si me sorprenden en una zona rural, primero me torturarán. (…) Cuando la gente oye hablar de periodistas que mueren por un artículo, se imagina a corresponsales de guerra sorprendidos en medio del fuego cruzado, pero la muerte de Varela es un caso mucho más típico. Casi tres cuartas partes de los más de 800 periodistas que han muerto al pie del cañón desde 1992 han sido previamente elegidos como objetivo y luego asesinados. La mayoría de los muertos (más del 90%) eran periodistas locales. Y prácticamente todos los instigadores de esos asesinatos (el 95%) han esquivado la cárcel”[1].

Anna Politkovskaya, José Couso, Guillermo Bravo Vega, Marlene García-Esperat, Ricardo Ortega, Julio Fuentes, Valery Ivanov, Alexei Sidorov, Juantxu Rodríguez… son algunos de los nombres más sonados de periodistas que dieron  su vida por llegar hasta el final de la verdad. Pero las cifras hablan de muchos más.

Según el Barómetro de la libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras, en lo que va de año 2012, 54 periodistas han sido asesinados a causa de su labor periodística. Han fallecido también 4 colaboradores de medios y 41 net-ciudadanos. Asimismo, hasta 298 personas han sido encarceladas: 157 periodistas, 10 colaboradores y 131 net-ciudadanos. En la página web de RSF están publicados los nombres y apellidos de cada uno de ellos. Las cifras que baraja Press Emblem Campaign (PEC), una ONG dedicada a la protección de los periodistas en el mundo, son aún mayores: 123 periodistas asesinados en 2012.

Barómetro RSF

Barómetro RSF

Siria y Somalia son actualmente dos de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. Pero el asesinato de periodistas, así como el encarcelamiento y los secuestros, no tienen lugar únicamente en zonas de conflicto armado. América Latina, en concreto México, es una de las regiones con mayores amenazas, entre otras razones, por el crimen organizado.

La UNESCO, que promueve la libertad de expresión y la libertad de prensa como derechos humanos fundamentales, reconoce y condena la grave situación a la que se ven sometidos periodistas y medios de comunicación. Es por ello que el Derecho Internacional Humanitario confiere un régimen de protección que se viene modificando conforme a la evolución de los conflictos armados y la creciente magnitud del problema.

Las nuevas guerras del siglo XXI que se desarrollan paralelamente en la red, así como el reconocimiento por parte de la ONU del derecho a la libertad de expresión en Internet, suponen un nuevo escenario al que también debemos prestar atención.

RÉGIMEN INTERNACIONAL DE LIBERTAD DE INFORMACIÓN Y EXPRESIÓN

La Declaración Universal de Derechos Humanos aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 estipula en su artículo 19 que “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.

Asimismo, dentro del marco de la UNESCO, y en relación directa a los medios de comunicación, cabe señalar la Resolución 4.301 relativa a la contribución de los grandes medios de comunicación de masas al fortalecimiento de la comprensión y la cooperación internacionales en interés de la paz y del bienestar de la humanidad, y a la lucha contra la propaganda en favor de la guerra, el racismo, el apartheid y el odio entre los pueblos (1970), así como la Declaración sobre los Principios Fundamentales relativos a la contribución de los Medios de Comunicación de Masas al Fortalecimiento de la Paz y la Comprensión Internacional, a la Promoción de los Derechos Humanos y a la Lucha contra el Racismo, el Apartheid y la incitación a la Guerra (1978). De este modo, la UNESCO destaca la importante función social de medios y periodistas como factores básicos de la democratización. La Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información celebrada en dos fases en Ginebra (2003) y Túnez (2005) reafirmó la libertad de expresión y el acceso universal a la información como “piedras angulares de las sociedades del conocimiento”.

En el marco del derecho de la Unión Europea, la Carta de Niza de Derechos Fundamentales de la UE (en vigor desde el 1 de diciembre de 2009), de carácter jurídicamente vinculante en cuanto vinculada al Tratado de Lisboa, establece en su artículo 11 la Libertad de expresión y de información. En concreto el artículo 11.1 establece que “Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir o de comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras”; y el artículo 11.2 determina que “Se respetan la libertad de los medios de comunicación y su pluralismo”.

Programa Internacional para el Desarrollo de la Comunicación (PIDC)

El PIDC es un foro multilateral de la ONU que promueve la libertad de expresión y la pluralidad de los medios de comunicación, movilizando a la comunidad internacional a debatir sobre el desarrollo de medios y apoyando proyectos en más de 140 países en desarrollo. Además, busca crear un clima de consenso que provea un entorno seguro para el fortalecimiento de medios de comunicación libres y pluralistas, así como un marco de protección para los periodistas.

Para respaldar sus proyectos, el PIDC se guía por las cuatro prioridades siguientes establecidas por el Consejo:

  1. Promoción de la libertad de expresión y del pluralismo de los medios de comunicación: fomento de la libre circulación de información a nivel nacional e internacional y sin ningún obstáculo a la libertad de expresión.
  2. Desarrollo de los medios de comunicación comunitarios: promueven el diálogo abierto y la transparencia de la administración en el plano local y dan voz a los que no la tienen. En concreto, la radio comunitaria constituye un medio democrático y participativo con el que es fácil operar y que no sobrepasa las capacidades de la mayoría de las comunidades locales.
  3. Formación de recursos humanos: desarrollo de las capacidades institucionales de los establecimientos de educación en periodismo mediante la creación de centros de excelencia.
  4. Promoción de relaciones de colaboración internacionales: El PIDC es el único programa de las Naciones Unidas que moviliza a la comunidad internacional para que respalde los medios de comunicación libres, independientes y pluralistas en los países en desarrollo.

El PIDC cumple una labor fundamental en el seguimiento de la seguridad de los periodistas. Los asesinatos de periodistas fueron condenados por primera vez en 1997 por el entonces Director General de la UNESCO, Federico Mayor Zaragoza, de conformidad con la Resolución 29 aprobada por la Conferencia General de la Organización, en la que se insta a las autoridades competentes a cumplir con su deber de prevenir y sancionar crímenes que cercenen la libertad de expresión y el derecho de los demás de recibir información. En el año 2006, durante la 25ª reunión del Consejo Intergubernamental del PIDC, se llevó a cabo un debate temático sobre la seguridad de los periodistas.

Dos años después, en la 26ª reunión, se presentaría el primer informe sobre la seguridad de los periodistas y el riesgo de la impunidad. En esta reunión, se aprobó una decisión sobre la seguridad de los periodistas que asigna al PIDC un papel central en el seguimiento de los asesinatos y que insta a los Estados Miembros a “cumplir las obligaciones que les impone el derecho internacional de poner fin a la impunidad” e “informar al Director General de la UNESCO, con carácter voluntario, de las medidas adoptadas para evitar la impunidad de sus autores y comunicarle la situación de las investigaciones judiciales que se lleven a cabo sobre cada asesinato condenado por la UNESCO”. Desde entonces, cada dos años, el correspondiente Director General de la UNESCO presenta al Consejo del PIDC un informe sobre la seguridad de los periodistas.

Durante la 27ª reunión, que tuvo lugar en marzo de 2010 y concernía al bienio 2008-2009, el informe condenó el asesinato de 123 periodistas. Aunque la cifra era similar a la de 2006-2007 (122 asesinatos), había tenido lugar una preocupante evolución: el porcentaje de asesinatos no vinculados a situaciones de conflicto se había incrementado. El 80% de las muertes habían sido ocasionadas por ataques dirigidos personalmente contra las víctimas que, en su mayoría, no eran corresponsales sino periodistas locales en sus propios países. El Consejo del PIDC instó a las salas de redacción de todo el mundo a guardar un minuto de silencio cada año en el Día Mundial de la Libertad de Prensa (3 de mayo) en honor a las víctimas.

Plan de Acción de las Naciones Unidas sobre la seguridad de los periodistas y la cuestión de la impunidad 

El Plan de acción de la UNESCO guarda estrecha relación con el Plan de Acción de las Naciones Unidas sobre la seguridad de los periodistas y la cuestión de la impunidad, adoptado el 12 de abril de 2012  por la Junta de Coordinación de Jefes Ejecutivos de las Naciones Unidas. La ONU iniciará en Viena la puesta en marcha de dicho Plan de Acción los días 22 y 23 de noviembre. La estrategia incluirá actividades internacionales, regionales y nacionales. Para su primera fase se han seleccionado cuatro países: Nepal, Iraq, Pakistán y Sudán del Sur. Próximamente se activará el plan en América Latina, una de las regiones más afectadas.

El objetivo de dicho Plan es “Obrar en favor del establecimiento de un entorno libre y seguro para los periodistas y los trabajadores de los medios de comunicación, tanto en situaciones de conflicto como en otras, a fin de fortalecer la paz, la democracia y el desarrollo en todo el mundo”.

El Plan de Acción de las Naciones Unidas sobre seguridad de los periodistas y la cuestión de la impunidad enumera algunas de las razones que justifican la necesidad del mismo, así como anteriores procedimientos o medidas tomadas por la ONU en materia de protección de los periodistas. A continuación se exponen algunas de las ideas más significativas:

  1. Las estadísticas reunidas por la UNESCO, así como por otras organizaciones como el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) o Reporteros sin Fronteras (RSF), ponen de manifiesto el alarmante número de periodistas y profesionales que han resultado muertos mientras llevaban a cabo sus funciones. Según el Intercambio Internacional por la Libertad de Expresión (IFEX), en nueve de cada diez casos, los autores de esos crímenes nunca son procesados.
  2. La seguridad de los periodistas y la lucha contra la impunidad son esenciales para preservar el derecho fundamental a la libertad de expresión, garantizado por el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Sin libertad de expresión, y especialmente sin libertad de prensa, es imposible que haya una ciudadanía informada, activa y comprometida.
  3. La protección de los periodistas no debe limitarse a los que están reconocidos formalmente como tales, sino que debería comprender a otros, incluidos los trabajadores de los medios de comunicación comunitarios, los periodistas ciudadanos y otras personas que puedan estar empleando los nuevos medios como instrumento para llegar a su público.
  4. Las medidas no deben adoptarse después de que hayan ocurrido los hechos, sino que se necesitan mecanismos de prevención que se ocupen de cuestiones como la corrupción, la delincuencia organizada…
  5. La ONU ha adoptado medidas encaminadas a fortalecer la seguridad de los periodistas tanto en zonas de conflicto como en aquellas donde no se da esta situación. Asimismo, la UNESCO ha desempeñado un papel fundamental en la defensa de la libertad de expresión y ha trabajado con RSF en la publicación de un manual para periodistas que trabajan en zonas de conflicto que se actualiza periódicamente. También ha prestado apoyo a organizaciones que proporcionan formación sobre seguridad y sensibilización a periodistas y medios.
  6. Los instrumentos jurídicos internacionales son uno de los principales medios en favor de la seguridad de los periodistas. Los convenios, declaraciones y resoluciones pertinentes comprenden la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los Convenios de Ginebra, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la resolución 2005/81 de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la resolución 1738 (2006) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
  7. También son fundamentales los sistemas regionales como la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), la Unión Africana (UA), la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN), la Liga de los Estados Árabes, el Consejo de Europa y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE).
  8. Se pone de relieve la necesidad de tener en cuenta las disparidades entre hombres y mujeres, pudiendo ellas ser víctimas de violaciones o abusos sexuales.

Las medidas propuestas por el Plan de Acción se dividen en cinco grandes grupos:

  1. Fortalecimiento de los mecanismos de las Naciones Unidas: realización de reuniones interinstitucionales periódicas, establecimiento de mecanismos coordinados en todas las Naciones Unidas para el seguimiento y evaluación de los asuntos, incorporación de las cuestiones de la seguridad de los periodistas en las estrategias de las Naciones Unidas a nivel de los países, promover la inclusión de la libertad de expresión, etc.
  2. Cooperación con los Estados miembros: ayudar a los Estados Miembros a elaborar leyes y mecanismos que garanticen la libertad de expresión, alentar a los Estados Miembros a que asuman una función activa en la prevención de los ataques y que respondan con rapidez mediante el establecimiento de mecanismos de emergencia nacionales, alentar a los Estados Miembros a que presenten información al PIDC para evitar que los asesinatos queden impunes, etc.
  3. Colaboración con otras organizaciones e instituciones: reforzar la colaboración con organizaciones intergubernamentales tanto en el plano regional como en el internacional, fortalecer las alianzas con las asociaciones profesionales que se dedican a efectuar un seguimiento de la seguridad de los periodistas, trabajar con los periodistas en pro de la elaboración de buenas prácticas en materia de información periodística sobre la corrupción, etc.
  4. Sensibilización: sensibilizar sobre los asesinatos y la importancia de la libertad de expresión a los Estados Miembros, periodistas, propietarios de medios de comunicación y agencias de noticias; sensibilizar sobre el aumento de los peligros y actuar para prevenir la toma de rehenes, la violencia sexual o los secuestros; sensibilizar al público en general mediante la promoción de campañas como el Día Mundial de la Libertad de Prensa de la UNESCO; alentar a las instituciones de enseñanza del periodismo a que elaboren planes y programas de estudio para la seguridad de los periodistas, etc.
  5. Fomento de iniciativas de seguridad: instar al sector de los medios de comunicación a llevar a cabo cursos de formación en materia de seguridad, asistencia sanitaria y seguro de vida, acceso a la protección social y remuneración adecuada para el personal; elaborar mecanismos de respuesta en tiempo real en casos de emergencia en contacto con misiones de las Naciones Unidas y otros grupos que trabajen sobre el terreno; creación de “corredores destinados a los medios de comunicación” en estrecha cooperación con el personal de las Naciones Unidas sobre el terreno, etc.
EFE

EFE

LA PROTECCIÓN DE LOS PERIODISTAS EN CASO DE CONFLICTO ARMADO

La figura del corresponsal de guerra es fundamental de cara a la retransmisión de los conflictos a nivel internacional. La Guerra de Vietnam marcó un cambio en cuanto a la percepción de los medios de comunicación en los conflictos armados: “Por primera vez en la historia moderna, el resultado de la guerra se decidió no en el campo de batalla sino en las páginas impresas y, sobre todo, en las pantallas de televisión”[2].

Pero estos corresponsales asumen grandes riesgos en el ejercicio de su labor periodística, tanto si acuden como embedded o empotrados en unidades militares, como si se introducen como unilaterals, es decir, “por libre”. Especialmente complicada es la situación de los periodistas freelance, que no están respaldados por un medio de comunicación.

Los convenios de Ginebra de 1949

Una de las consecuencias que se derivaron de la II Guerra Mundial (1939-1945) fue la aprobación de los cuatro Convenios de Ginebra en 1949, normas que desde entonces constituyen la base fundamental del Derecho Internacional Humanitario. Dichos tratados tienen el propósito de minimizar los efectos de la guerra sobre soldados y civiles. El primero de ellos protege, durante la guerra, a los heridos y los enfermos de las fuerzas armadas en campaña. El segundo Convenio protege a los heridos, los enfermos y los náufragos de las fuerzas armadas en el mar. El tercer Convenio se aplica a los prisioneros de guerra. Por último, el cuarto Convenio protege a las personas civiles, incluso en los territorios ocupados.

El tercer Convenio de Ginebra reemplazó al Convenio sobre prisioneros de guerra de 1929, y consta de 143 artículos, mientras que el de 1929 constaba de apenas 97. En él se vuelve a reiterar el planteamiento según el cual el periodista capturado es un prisionero de guerra, si bien ahora se introduce la denominación de “corresponsal”. El artículo 4, A, 4) habla de:

“personas que sigan a las fuerzas armadas sin formar parte integrante de ellas, tales como miembros civiles de tripulaciones de aviones militares, corresponsales de guerra, proveedores, individuos de unidades de trabajo o de servicios encargados del bienestar de las fuerzas armadas, a condición de que para ello hayan recibido permiso de las fuerzas armadas que acompañan”.

Protocolo Adicional I de 1977

Durante la Guerra de Vietnam (1964-1975) murieron unos 70 informadores: periodistas, cámaras, fotógrafos… lo que empujó a las asociaciones de prensa y la comunidad internacional a plantear una serie de medidas que adoptaran una mayor protección para los periodistas. Diferentes iniciativas cristalizaron finalmente en la aprobación de tres Protocolos Adicionales a las Convenciones de Ginebra: el Protocolo Adicional I (1977) relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales, el Protocolo Adicional II (1977) relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional y el Protocolo Adicional III (2005) relativo a la adopción de un emblema distintivo adicional.

La protección específica de los periodistas se encuentra en el artículo 79 del Protocolo Adicional I:

1. Los periodistas que realicen misiones profesionales peligrosas en las zonas de conflicto armado serán considerados personas civiles en el sentido del párrafo 1 del artículo 50.

2. Serán protegidos como tales de conformidad con los Convenios y el presente Protocolo, a condición de que se abstengan de todo acto que afecte a su estatuto de persona civil y sin perjuicio del derecho que asiste a los corresponsales de guerra acreditados ante las fuerzas armadas a gozar del estatuto que les reconoce el artículo 4, A.4) del III Convenio.

3. Podrán obtener una tarjeta de identidad según el modelo del Anexo II del presente Protocolo. Esa tarjeta, que será expedida por el gobierno del Estado del que sean nacionales o en cuyo territorio residan, o en que se encuentre la agencia de prensa u órgano informativo que emplee sus servicios, acreditará la condición de periodista de su titular.

Según dicho artículo, los periodistas son considerados personas civiles, y no pierden dicha condición por adentrarse en zonas peligrosas o de conflicto armado. Al considerarse persona civil, un periodista (o medio de comunicación, considerado bien civil) no podrá convertirse en objetivo militar, tal y como estipula el artículo 48 de este mismo Protocolo: A fin de garantizar el respeto y la protección de la población civil y de los bienes de carácter civil, las Partes en conflicto harán distinción en todo momento entre población civil y combatientes, y entre bienes de carácter civil y objetivos militares y, en consecuencia, dirigirán sus operaciones únicamente contra objetivos militares. Asimismo, conforme al artículo 51: La población civil y las personas civiles gozarán de protección general contra los peligros procedentes de operaciones militares. Esto implica que, ante una detención o acto de hostilidad contra el periodista, éste será protegido por el Derecho Internacional Humanitario al igual que el resto de personas civiles. La violación de dichas disposiciones implicaría un crimen internacional por ataque premeditado contra la población civil.

Por otro lado, mientras el tercer Convenio de Ginebra se refería al corresponsal de guerra, el artículo 79 regula la situación de los periodistas en misión peligrosa. Esta diferenciación es fundamental, ya que mientras la primera denominación implicaba que el periodista fuera considerado un prisionero de guerra en caso de ser capturado, en la segunda posee la protección que el DIH concede a toda persona civil.

A pesar de estos tratados, el número de periodistas fallecidos en situaciones de conflicto armado sigue creciendo. Según Reporteros Sin Fronteras, sólo en los dos primeros años de la Guerra de Irak (2003-2011) murieron 66 periodistas, los mismos que habían fallecido durante toda la Guerra de Vietnam. Precisamente en Irak tendría lugar el ataque al Hotel Palestina en el que murió el periodista José Couso.

CONCLUSIONES

Para que el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos sea aplicado de forma cabal y efectiva, es esencial que los profesionales de los medios de comunicación puedan trabajar libremente sin ser amenazados. Con el asesinato de un solo periodista, muere también la libertad de expresión, y el derecho de toda la sociedad a recibir información.

Las distintas normas del DIH suponen un paso más en la lucha por la protección de los periodistas, tanto en zonas de conflicto armado como en países en los que, si bien éste no tiene lugar, la presencia del crimen organizado es igualmente peligrosa. Sin embargo, el alto número de periodistas asesinados en los últimos años pone en cuestión la eficacia de tratados como los Convenios de Ginebra, en concreto el Protocolo Adicional I que se refiere a la seguridad de los periodistas. Es posible que la categoría de persona civil asignada a los periodistas no sea suficiente para su protección, ya que seguramente estos profesionales acceden a zonas y situaciones de mayor riesgo en el transcurso de su investigación. A partir de la puesta en marcha del Plan de Acción de las Naciones Unidas sobre la seguridad de los periodistas y la cuestión de la impunidad  que tendrá lugar los próximos días, podremos comprobar la eficacia del mismo.

En cualquier caso, la propia protección de los periodistas es cuestión de debate si se tiene en cuenta que ésta podría suponer por sí misma una coartación de la libertad de expresión. En concreto, el Informe MacBride, también conocido como Un solo mundo, voces múltiples, publicado por la UNESCO en 1980, dice al respecto: “son muchos los miembros de la profesión que consideran que unas medidas especiales de protección podrían traer consigo que los periodistas quedaran sometidos a la vigilancia de los representantes de la autoridad, con lo que  esto no solamente no facilitaría sus actividades sino que además las coartaría. En particular, la protección podría depender de un sistema de acreditación que permitiera a las autoridades decidir quién es o no periodista, lo cual constituiría una violación del principio según el cual el periodista tiene una personalidad profesional por el hecho mismo de su empleo en ciertos países, por el hecho de pertenecer a un sindicato o a una asociación profesional”.

Finalmente, con el reciente reconocimiento por parte de la ONU del derecho a la libertad de expresión en Internet, se abren nuevas oportunidades pero también nuevas problemáticas a las que hacer frente, ya que cada día crece el número de casos de periodistas y periodistas ciudadanos que están siendo amenazados por publicaciones en sus respectivos blogs o cuentas de Twitter. Incluso el pasado mes, la propia policía griega detuvo al periodista Costas Vaxevanis por publicar en su blog una lista con más de 2.000 nombres de empresarios, profesionales y políticos sospechosos de evadir impuestos. A pesar de que el Consejo de Derechos Humanos acordó que el derecho a la libertad de expresión en Internet sería protegido por todos los países, China y Cuba se mostraron reticentes, aunque, finalmente, se unieron a la resolución. Reporteros Sin Fronteras ha hecho público un mapa en el que ha señalado los países “enemigos de Internet” y los que se encuentran “bajo vigilancia”. En la primera categoría se encuentran precisamente China y Cuba junto con otros Estados como Arabia Saudí, Vietnam, Siria o Irán. “Bajo vigilancia” aparecen países como Francia, Australia, Egipto, India, Rusia o Turquía.

Mapa RSF

Mapa RSF


[1] GOULD, Terry. Matar a un periodista. El peligroso oficio de informar. Los Libros del Lince. Barcelona. 2010. Pág. 13.

[2] JAR COUSELO, Gonzalo. La protección de los periodistas en caso de conflicto armado. Tirant lo Blanch. Valencia. 2007. Pág. 82.

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